La Declaración de Independencia de Estados Unidos (1776)
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En 1776, Thomas Jefferson, escribió la Declaración de Independencia Americana.
El 4 de julio de 1776, el Congreso de Estados Unidos aprobó la
Declaración de Independencia. Su autor principal, Thomas Jefferson,
escribió la Declaración como una explicación formal de por qué el
Congreso había votado el 2 de julio para declarar la Independencia
respecto a Gran Bretaña, más de un año después del estallido de la
Guerra de la Revolución de Estados Unidos, y cómo la declaración
anunciaba que las trece Colonias Americanas ya no eran parte del Imperio
Británico. El Congreso publicó la Declaración de Independencia de
varias formas. Inicialmente se publicó como un impreso en gran formato
que fue distribuido ampliamente y leído al público.
Filosóficamente, la declaración hace énfasis en dos temas: derechos
individuales y el derecho de revolución. Estas ideas llegaron a ser
ampliamente aceptadas por los estadounidenses y también influenció en
particular a la Revolución Francesa.
La Constitución de Estados Unidos de América (1787) y la Carta de Derechos (1791)
La Carta de Derechos de la Constitución de EE.UU. protege las libertades básicas de los ciudadanos de Estados Unidos.
Escrita en el verano de 1787 en Filadelfia, la Constitución de
Estados Unidos de América es la ley fundamental del sistema federal
estadounidense y es el documento histórico del mundo occidental. Es la
constitución nacional escrita más antigua en uso y define los organismos
principales del gobierno y sus jurisdicciones, y los derechos básicos
de los ciudadanos.
Las primeras diez enmiendas a la Constitución (la Carta de Derechos),
entraron en vigor el 15 de diciembre de 1791, limitando los poderes del
gobierno federal de Estados Unidos y protegiendo los derechos de todos
los ciudadanos, residentes y visitantes en territorio estadounidense.
La Carta de Derechos protege la libertad de expresión, la libertad
religiosa, el derecho de tener y portar armas, el derecho de reunirse y
la libertad de petición. También prohíbe la búsqueda e incautación
irrazonable, el castigo cruel e inusual y la autoincriminación obligada.
Entre las protecciones legales que brinda, la Declaración de Derechos
le prohíbe al Congreso pasar ninguna ley respecto al establecimiento de
religión y le prohíbe al gobierno federal privar a cualquier persona de
la vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. En casos
criminales federales se requiere de una acusación por un gran jurado,
por cualquier delito capital, o crimen reprobable, garantiza un juicio
público rápido con un jurado imparcial en el distrito en el cual ocurrió
el crimen y prohíbe el doble enjuiciamiento.
