La Carta Magna, o "Gran Carta", firmada por el Rey de Inglaterra en 1215, fue un punto de inflexión en los derechos humanos.
Podría decirse que la Carta Magna o la “Gran Carta”, fue la influencia
primitiva más significativa en el extenso proceso histórico que condujo a
la ley constitucional actual en el mundo de habla inglesa.
En 1215, después de que el rey Juan de Inglaterra violara un número
de leyes y tradiciones antiguas con que se había gobernado Inglaterra,
sus súbditos lo forzaron a firmar la Carta Magna, la cual enumera lo que
después vino a ser considerado como los derechos humanos. Entre ellos
estaba el derecho de la iglesia a estar libre de la intervención del
gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar
propiedades y que se les protegiera de impuestos excesivos. Estableció
el derecho de las viudas que poseían propiedades para decidir no volver a
casarse, y establece principios de garantías legales e igualdad ante la
ley. También contenía disposiciones que prohibían el soborno y la mala
conducta de los funcionarios.
Considerada ampliamente como uno de los documentos legales más
importantes en el desarrollo de la democracia moderna, la Carta Magna
fue un punto de cambio crucial en la lucha para establecer la libertad. La Petición del Derecho (1628)
En 1628 el Parlamento Inglés envió esta declaración de libertades civiles al Rey Carlos I.
El siguiente hito reconocido en el desarrollo de los derechos humanos
fue la Petición del Derecho, elaborada en 1628 por el Parlamento Inglés y
enviada a Carlos I como una declaración de libertades civiles. El
rechazo del Parlamento para financiar la impopular política externa del
rey, causó que su gobierno exigiera prestamos forzosos y que tuvieran
que acuartelar las tropas en las casas de los súbditos como una medida
económica. El arresto y encarcelamiento arbitrarios por oponerse a estas
políticas, produjo en el Parlamento una hostilidad violenta hacia
Carlos y George Villiers, el primer duque de Buckingham. La Petición del
Derecho, iniciada por Sir Edward Coke, se basó en estatutos y
documentos oficiales anteriores y hace valer cuatro principios: (1) No
se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento,
(2) No se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada
(reafirmación del derecho de habeas corpus, del latín, "que tengas el
cuerpo”, derecho que determinaba un plazo limite para resolver si se
arresta a un detenido), (3) A ningún soldado se le puede acuartelar con
los ciudadanos, y (4) No puede usarse la ley marcial en tiempos de paz
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